Planificación fiscal de la sucesión en una empresa familiar

La continuidad de una empresa familiar no depende únicamente de que los hijos quieran seguir con el negocio. También exige haber preparado correctamente su estructura fiscal, societaria y documental.

La reducción del 95 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones puede evitar que el fallecimiento del fundador obligue a descapitalizar o vender la empresa. Sin embargo, no se aplica automáticamente por el simple hecho de que una sociedad pertenezca a una familia.

La verdadera cuestión es otra: ¿podrían los herederos demostrar ante la Administración tributaria que la empresa cumplía todos los requisitos precisamente en la fecha del fallecimiento?

Una protección fiscal pensada para garantizar la continuidad empresarial

El artículo 20.2.c de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones permite reducir en un 95 % el valor de una empresa individual, un negocio profesional o determinadas participaciones societarias adquiridas por herencia.

La finalidad es razonable: impedir que los herederos tengan que vender activos, extraer liquidez del negocio o endeudarse únicamente para pagar el impuesto.

Pero la reducción no equivale a declarar exento el 95 % de toda la herencia. Se aplica sobre el valor de los bienes o participaciones que reúnen los requisitos legales y reduce la base imponible sobre la que posteriormente se calcula el impuesto.

Además, la normativa estatal remite a la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por tanto, ambos impuestos están conectados: si las participaciones no podían disfrutar de la exención en Patrimonio, la reducción sucesoria puede quedar comprometida. Así lo establece la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Una sociedad familiar no siempre es una “empresa familiar” a efectos fiscales

En muchas pymes de Mallorca se utiliza la expresión “empresa familiar” de una forma coloquial: la sociedad fue fundada por los padres, los hijos trabajan en ella y prácticamente todo el capital pertenece a la familia.

Fiscalmente, eso no basta.

Para que las participaciones puedan acogerse al beneficio deben cumplirse, entre otras, estas condiciones:

• La sociedad debe desarrollar una actividad económica real y no dedicarse principalmente a gestionar un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
• El causante debe alcanzar una participación mínima del 5 % individualmente o del 20 % conjuntamente con determinados familiares.
• El titular o un miembro del grupo familiar debe ejercer efectivamente funciones de dirección.
• Las remuneraciones percibidas por esas funciones deben representar más del 50 % de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo.
• La parte del valor beneficiada debe corresponder a activos realmente afectos a la actividad.

No es suficiente con figurar como administrador en el Registro Mercantil. Las funciones directivas deben ser reales, habituales, acreditables y retribuidas.

El requisito que suele fallar: dirigir no basta, también hay que demostrarlo

En una pyme es frecuente que el fundador adopte todas las decisiones importantes, pero que la documentación no refleje adecuadamente esa realidad.

Puede suceder que cobre mediante conceptos ambiguos, que su cargo aparezca como gratuito en los estatutos, que perciba rentas elevadas de otras actividades o que no existan actas, contratos y nóminas que permitan acreditar sus funciones.

Esto abre varios frentes de riesgo:

1. Que la Administración considere que no ejercía verdaderas funciones directivas.
2. Que la remuneración no pueda relacionarse directamente con esas funciones.
3. Que los rendimientos directivos no superen el 50 % de sus restantes rendimientos computables.
4. Que la sociedad haya contabilizado incorrectamente las cantidades abonadas.

La planificación sucesoria exige algo más que redactar un testamento. También requiere revisar estatutos, contratos, nóminas, declaraciones fiscales, organigramas, actas societarias y la propia operativa de la empresa.

En los negocios de alquiler, el empleado a jornada completa resulta decisivo

La calificación como actividad económica ha generado una especial conflictividad en las sociedades dedicadas al arrendamiento inmobiliario, algo especialmente relevante en Baleares.

El Tribunal Supremo, en dos sentencias de 14 de julio de 2025, rechazó que la Administración pudiera negar automáticamente la existencia de actividad económica cuando se cumplía el requisito legal de disponer de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, basándose en una valoración subjetiva de su carga de trabajo.

La sentencia 956/2025 analizó una sociedad que gestionaba el alquiler de 16 inmuebles y contaba con una empleada a jornada completa. El Tribunal consideró que, acreditado el requisito legal, no procedía exigir además una prueba adicional sobre la supuesta “necesidad económica” de contratarla.

Esta doctrina aporta mayor seguridad, pero no convierte cualquier contratación en una fórmula infalible. El contrato debe ser auténtico, la relación laboral efectiva y las funciones realizadas deben corresponderse con la gestión de los arrendamientos. Una contratación meramente formal o artificiosa podría seguir siendo cuestionada.

El 95 % puede no aplicarse sobre todo el valor de la sociedad

Otro error habitual consiste en pensar que, si la sociedad reúne los requisitos, la reducción afectará automáticamente al valor completo de las participaciones.

No necesariamente.

La exención está limitada a la proporción que representan los activos necesarios para la actividad, una vez consideradas las deudas vinculadas, respecto del patrimonio neto de la entidad.

Esto resulta especialmente importante cuando el balance incluye:

• Tesorería acumulada sin una finalidad empresarial justificada.
• Carteras de valores o fondos de inversión.
• Inmuebles no utilizados en la actividad.
• Préstamos concedidos a socios o familiares.
• Vehículos o bienes de uso particular.
• Activos adquiridos únicamente para canalizar patrimonio personal.

Imaginemos una empresa familiar valorada en dos millones de euros. Si el 25 % de su patrimonio está integrado por inversiones financieras no relacionadas con el negocio, la reducción podría aplicarse únicamente sobre el 75 % del valor, no sobre los dos millones completos.

La tesorería tampoco debe considerarse no afecta de manera automática. Puede ser necesaria para atender pagos, financiar inversiones, mantener solvencia o afrontar la estacionalidad característica de numerosas empresas turísticas de Mallorca. La clave será justificar su función empresarial con presupuestos, previsiones, decisiones de inversión y documentación contable.

La situación debe cumplirse en el momento del fallecimiento

En las transmisiones hereditarias, el impuesto se devenga el día del fallecimiento. Ese momento determina qué patrimonio se transmite y qué requisitos deben analizarse.

El Tribunal Supremo ha señalado que, para verificar el porcentaje de remuneración del directivo, debe atenderse al periodo comprendido entre el 1 de enero y la fecha del fallecimiento cuando las funciones eran ejercidas por el propio causante.

Esta regla puede generar resultados inesperados. Una modificación salarial, el cobro de otra renta o el retraso en la contabilización de una retribución pueden alterar el porcentaje precisamente durante el año en que se produce el fallecimiento.

Cuando las funciones directivas son ejercidas por otro integrante del grupo familiar, el análisis requiere determinar qué periodo de sus rendimientos debe tomarse como referencia. Es un aspecto que debe estudiarse individualmente y con especial atención a la jurisprudencia aplicable.

¿Quién puede beneficiarse de la reducción?

Con carácter general, la reducción estatal alcanza a las adquisiciones realizadas por:

• El cónyuge.
• Los descendientes o adoptados.
• Cuando no existan descendientes, los ascendientes, adoptantes y colaterales hasta el tercer grado.
• El cónyuge superviviente, que conserva en todo caso su derecho cuando se cumplen los demás requisitos.

La normativa de las comunidades autónomas puede mejorar el porcentaje, ampliar beneficiarios o reducir el periodo de mantenimiento. Por eso no debe aplicarse una explicación general sin comprobar primero la normativa correspondiente a la residencia habitual del causante.

La particularidad de Baleares: bonificación de la cuota y reducción no son lo mismo

En las Illes Balears existe desde el 18 de julio de 2023 una bonificación del 100 % de la cuota íntegra corregida para las adquisiciones por causa de muerte realizadas por contribuyentes de los grupos I y II. También existen bonificaciones del 50 % o del 25 % para determinados familiares del grupo III, según las circunstancias.

La ATIB explica las bonificaciones sucesorias vigentes en Baleares y recuerda que la bonificación no elimina la obligación de presentar la autoliquidación.

Esta regulación puede llevar a pensar que ya no merece la pena revisar la reducción de empresa familiar. Sería una conclusión demasiado rápida.

La reducción y la bonificación operan en momentos diferentes del cálculo:

Para un descendiente incluido en los grupos I o II, la bonificación balear puede neutralizar actualmente la cuota. Sin embargo, la reducción sigue siendo especialmente relevante cuando intervienen otros familiares, existen elementos no cubiertos por la bonificación, cambia la normativa aplicable o debe analizarse la fiscalidad patrimonial de toda la operación.

En el caso de hermanos, sobrinos u otros colaterales, la diferencia económica puede ser muy significativa. Además, el lugar de residencia del causante, la composición de la herencia y las reglas de conexión territorial pueden modificar completamente el resultado.

El beneficio debe conservarse después de la herencia

La aplicación de la reducción no termina con la presentación del impuesto.

La normativa balear condiciona su disfrute definitivo al mantenimiento de la adquisición durante los cinco años siguientes, salvo que el heredero fallezca dentro de ese plazo. Durante ese mismo periodo tampoco deben realizarse actos de disposición u operaciones societarias que provoquen una minoración sustancial del valor adquirido. Estas condiciones aparecen recogidas en la información tributaria de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.

Esto no significa que la empresa quede completamente inmovilizada. Puede seguir invirtiendo, adaptándose, reorganizándose e incluso ejecutar determinadas operaciones societarias. Pero antes de vender participaciones, reducir capital, repartir activos, liquidar una filial o acometer una reestructuración conviene analizar sus consecuencias.

Si se incumplen las condiciones, el heredero tendrá que presentar una autoliquidación complementaria e ingresar la cantidad dejada de pagar, junto con los intereses de demora, en el plazo establecido.

Un ejemplo cercano a la realidad empresarial de Mallorca

Pensemos en una familia que posee una sociedad dedicada a explotar varios alojamientos y locales comerciales.

El padre conserva el 60 % de las participaciones, figura como administrador y toma las decisiones estratégicas. Uno de sus hijos gestiona la operativa diaria, mientras que el resto de la familia no trabaja en la sociedad.

En el balance existen:

• Inmuebles utilizados directamente por la empresa.
• Dos locales alquilados a terceros.
• Una cartera de fondos de inversión.
• Una elevada tesorería acumulada después de varias temporadas turísticas.
• Un apartamento utilizado ocasionalmente por la familia.

Aunque externamente parezca una empresa familiar consolidada, antes de aplicar la reducción habría que resolver varias cuestiones:

• ¿La explotación y los arrendamientos constituyen realmente una actividad económica?
• ¿Existe una persona contratada a jornada completa cuando resulta exigible?
• ¿Quién ejerce las funciones de dirección y cómo se acreditan?
• ¿La remuneración supera el porcentaje legal?
• ¿Qué inmuebles y activos están afectos a la actividad?
• ¿La tesorería responde a necesidades empresariales documentadas?
• ¿El apartamento familiar debe excluirse del cálculo?
• ¿Qué herederos recibirán las participaciones?

No responder a estas preguntas hasta después del fallecimiento significa llegar tarde a buena parte de las posibles soluciones.

Un checklist para anticiparse al problema

La revisión de una empresa familiar debería abordar, como mínimo, estos puntos:

• Composición del capital y parentesco entre los socios.
• Actividad real desarrollada por la sociedad.
• Naturaleza y afectación de cada activo.
• Existencia y funciones del personal contratado.
• Identificación del directivo que cumple el requisito fiscal.
• Contrato, nómina y encaje estatutario de su remuneración.
• Porcentaje que representa esa remuneración sobre sus rendimientos.
• Coherencia entre contabilidad, Impuesto sobre Sociedades, IRPF y Patrimonio.
• Existencia de tesorería o inversiones financieras ociosas.
• Testamento, protocolo familiar y distribución prevista de las participaciones.
• Capacidad de los herederos para cumplir el periodo de mantenimiento.

La sucesión empresarial debe prepararse antes de necesitarla

La reducción del 95 % no es un premio reservado a grandes patrimonios. Puede ser una herramienta fundamental para restaurantes, comercios, empresas turísticas, talleres, despachos profesionales y sociedades inmobiliarias familiares de Mallorca.

Pero su eficacia depende de haber ordenado previamente la empresa.

La mejor planificación sucesoria no consiste en diseñar estructuras artificiales. Consiste en conseguir que la documentación jurídica, laboral, contable y fiscal refleje fielmente cómo funciona el negocio.

Una auditoría preventiva puede detectar a tiempo una remuneración insuficiente, un cargo mal configurado, un exceso de activos no afectos o una contratación que no cumple los requisitos. Después del fallecimiento, muchas de esas deficiencias ya no pueden corregirse.

Preparar la sucesión con antelación permite proteger tanto el patrimonio familiar como la continuidad del negocio. Para consultar más análisis fiscales dirigidos a pymes y autónomos, visita el blog de Consultax.